España ante el nuevo clima
Incendios, sequías e inundaciones ya no pueden tratarse como emergencias aisladas. España necesita una política de Estado permanente para proteger su territorio y a quienes viven en él.
Cada verano España vuelve a contemplar las mismas imágenes. Montes enteros devorados por el fuego, animales huyendo de un territorio convertido en ceniza, pueblos evacuados, familias que pierden sus casas, profesionales de emergencias trabajando al límite y administraciones que comparecen cuando la catástrofe ya está en marcha. Después llegan las acusaciones cruzadas, la discusión sobre las competencias, la búsqueda inmediata de responsabilidades políticas y, finalmente, el silencio. El incendio desaparece de las portadas, pero el territorio continúa degradándose hasta el verano siguiente.
Con las inundaciones sucede algo parecido. Una precipitación extraordinaria desborda barrancos, arrastra vehículos, penetra en viviendas y paraliza infraestructuras que nunca fueron diseñadas para soportar semejante volumen de agua. Durante unos días, el país descubre que existen zonas inundables, sistemas de alerta insuficientes, cauces alterados, suelos completamente impermeabilizados y miles de personas que desconocen cómo actuar ante una emergencia. Pasado el impacto, el debate público vuelve a desplazarse hacia la confrontación cotidiana.
No estamos ante una sucesión de accidentes inconexos. Estamos entrando en una realidad climática diferente mientras seguimos gestionando el territorio con estructuras, infraestructuras e incentivos políticos concebidos para el clima del pasado.
Un cambio que ya no puede considerarse excepcional
El año 2025 volvió a confirmar el calentamiento sostenido de España. Las aguas marítimas que rodean nuestro país presentaron, por cuarto año consecutivo, un carácter extremadamente cálido, y los tres últimos años han sido los únicos de la serie —iniciada en 1940— en alcanzar o superar los 20 °C de temperatura media. En amplias zonas del Mediterráneo español se registraron además las temperaturas medias anuales más altas de la serie.
Los incendios forestales de ese mismo año muestran la magnitud del riesgo. España registró 63 grandes incendios forestales, definidos como aquellos que superan las 500 hectáreas, frente a una media de 23 durante el último decenio. Esos 63 incendios afectaron a más de 310.000 hectáreas y concentraron el 87,42 % de toda la superficie quemada durante el año, pese a representar únicamente el 0,77 % de los siniestros. Cinco de los dieciséis incendios de más de 20.000 hectáreas registrados desde 1968 se produjeron durante el episodio extraordinario de agosto de 2025.
El dato revela una transformación fundamental. El problema no consiste únicamente en que se produzcan incendios, porque el fuego forma parte de la historia ecológica y humana de la península. El verdadero desafío es la aparición de episodios capaces de adquirir dimensiones extraordinarias, generar dinámicas propias y superar la capacidad tradicional de extinción.
La Estrategia Forestal Española reconoce que el incremento térmico, las sequías, las olas de calor más frecuentes y duraderas y la acumulación de biomasa están aumentando el riesgo de inicio y propagación del fuego. El propio documento advierte de que la capacidad actual de extinción se encuentra cerca de su límite y considera prioritario aumentar la prevención, mejorar la coordinación y profesionalizar los dispositivos.
No es razonable esperar que más helicópteros, más brigadas y más medios de emergencia puedan resolver por sí solos un problema que empieza muchos años antes de que aparezca la primera llama.
No es solamente que llueva menos
Una explicación rigurosa de lo que está sucediendo no puede reducirse a afirmar que en España llueve cada vez menos. Los datos son más complejos y, precisamente por ello, más preocupantes.
AEMET señala que no existe una tendencia estadísticamente significativa en la precipitación media anual del conjunto de España desde 1961, aunque sí se observan descensos significativos en zonas del nordeste y del sur peninsular. El año 2025, de hecho, fue húmedo en su conjunto y acumuló un 109 % de la precipitación normal. Sin embargo, tres de sus cuatro estaciones —invierno, verano y otoño— fueron secas, y la cifra anual quedó determinada por una primavera excepcionalmente lluviosa.
Ahí se encuentra una de las claves del nuevo clima español. No hablamos únicamente de una disminución uniforme de la lluvia, sino de una alteración de su distribución temporal y territorial. Podemos atravesar periodos prolongados de escasez y recibir, en cuestión de horas o semanas, un volumen extraordinario de agua. Podemos tener un año estadísticamente húmedo y, al mismo tiempo, sufrir un verano seco, suelos deshidratados, vegetación altamente inflamable y territorios sometidos a estrés hídrico.
El informe CLIVAR-Spain prevé que durante este siglo disminuya la precipitación anual media y se extiendan los climas áridos en España, mientras aumentan los episodios de lluvias extremas. Más sequedad acumulada no significa necesariamente ausencia total de lluvia. Puede significar menos regularidad, mayor evaporación y precipitaciones más concentradas y destructivas.
Incluso Asturias, asociada históricamente con un clima húmedo y una lluvia frecuente, empieza a experimentar episodios difíciles de encajar en nuestra memoria climática. Agosto de 2025 fue extremadamente seco en el conjunto de la región: se recogieron 19,4 milímetros, un 64 % menos de lo habitual, y el año hidrológico acumulaba entonces un déficit del 20 % respecto al promedio de 1991-2020. Aquel agosto fue además el segundo más cálido de la serie regional iniciada en 1961.
Esto no demuestra que Asturias haya dejado de ser una región húmeda ni permite comparar sin más el número de días de lluvia de periodos construidos con metodologías diferentes. Sí demuestra que el norte peninsular tampoco puede considerarse ajeno a la creciente irregularidad, al calentamiento y a los periodos anómalos de sequedad.
España puede encontrarse, por tanto, ante una paradoja que debe comprender cuanto antes: menos agua disponible durante largos periodos y demasiada agua concentrada en muy poco tiempo.
La ciencia también exige honestidad
La respuesta al cambio climático necesita ambición, pero también precisión. Atribuir automáticamente cada incendio, inundación o tormenta a una única causa debilita la credibilidad del debate y facilita que la discusión científica sea sustituida por una batalla ideológica.
Las corrientes del Atlántico influyen profundamente en el clima europeo. El sistema conocido como circulación meridional de retorno del Atlántico, o AMOC, transporta aguas cálidas hacia el norte y aguas frías hacia el sur. El IPCC considera muy probable que se debilite durante el siglo XXI, pero su evolución concreta, sus oscilaciones naturales y sus efectos regionales continúan siendo objeto de investigación. Las observaciones directas de las últimas décadas muestran una realidad compleja que no permite atribuir cada DANA o cada inundación mediterránea a un supuesto colapso de las corrientes atlánticas.
Las lluvias torrenciales del Mediterráneo responden a la interacción de varios factores: una atmósfera inestable, depresiones aisladas en niveles altos, masas de aire cálidas y húmedas, la orografía y la temperatura del mar. Un Mediterráneo más cálido puede aportar más humedad y energía a determinados episodios, pero no elimina la necesidad de analizar cada fenómeno con rigor.
Esta distinción importa. GEN21 no debe sustituir una simplificación política por una simplificación climática. Debe exigir la misma honestidad a todas las partes: reconocer lo que sabemos, admitir lo que todavía presenta incertidumbres y actuar con decisión ante los riesgos que ya están suficientemente demostrados.
El territorio que dejamos de gestionar
España no se incendia únicamente porque haga más calor. También arde porque una parte considerable de su territorio ha dejado de gestionarse.
Durante décadas, el abandono rural ha reducido la agricultura tradicional, la ganadería extensiva, los aprovechamientos forestales y la presencia humana continuada en muchos montes. La vegetación crece sin una gestión suficiente, las parcelas se fragmentan, los caminos desaparecen, el combustible forestal se acumula y las masas vegetales se vuelven más continuas. Cuando coinciden calor extremo, viento, baja humedad y abundante combustible, el incendio puede propagarse con una velocidad y una intensidad que ningún dispositivo es capaz de controlar plenamente.
No se trata de convertir los bosques en jardines ni de defender una limpieza indiscriminada del monte. Los ecosistemas necesitan vegetación, madera muerta, ciclos naturales y biodiversidad. La gestión debe adaptarse a cada paisaje y basarse en conocimiento científico. Pero entre abandonar el territorio y eliminar toda su complejidad existe un amplio campo de actuación: clareos selectivos, pastoreo dirigido, recuperación de mosaicos agrícolas y forestales, quemas prescritas, restauración hidrológica, mantenimiento de accesos, aprovechamiento sostenible de biomasa y protección de las zonas de contacto entre monte y población.
La desertificación tampoco equivale simplemente al avance visible de un desierto. Es la degradación progresiva del suelo causada por la interacción entre aridez, erosión, incendios, sobreexplotación del agua y usos inadecuados del territorio. El mapa estatal identifica como zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas alrededor del 74 % de la superficie española, aunque eso no significa que todo ese territorio se encuentre desertificado ni sometido al mismo nivel de riesgo. Dentro de esas zonas, aproximadamente un 37 % del territorio nacional estaba clasificado en riesgo medio, alto o muy alto según el mapa oficial utilizado por el Programa de Acción Nacional.
La precisión vuelve a ser necesaria: España no está convirtiéndose mañana en un desierto uniforme, pero una parte enorme de su territorio reúne condiciones de vulnerabilidad que exigen seguimiento, restauración y gestión permanente.
Extinguir no es prevenir
España cuenta con profesionales forestales, servicios de emergencia y equipos de extinción de enorme preparación. Cuestionar la estrategia general no significa cuestionar su trabajo. Al contrario: significa reconocer que les estamos exigiendo intervenir cuando el problema ya ha alcanzado su fase más peligrosa.
Durante 2025, los equipos estatales realizaron 224 quemas prescritas y controladas sobre unas 1.610 hectáreas para reducir combustible y crear discontinuidades en la vegetación. La actuación demuestra que existen conocimiento, herramientas y experiencia preventiva. La pregunta es si la escala, la continuidad y la coordinación de estas medidas son proporcionales a la magnitud del territorio amenazado.
La prevención tiene una dificultad política evidente: sus resultados son casi invisibles. Un incendio moviliza cámaras, declaraciones, presupuestos de emergencia y visitas institucionales. El incendio que no se produce porque una comarca fue gestionada durante quince años no genera titulares. El cauce que no se desborda porque fue restaurado a tiempo no inaugura una crisis. La población que no debe ser evacuada no aparece en televisión.
Por eso los sistemas políticos orientados al corto plazo tienden a reaccionar mejor de lo que previenen. No necesariamente porque todas las personas que los integran carezcan de preocupación, sino porque el incentivo electoral premia la respuesta visible, la confrontación inmediata y la apropiación del resultado. La prevención exige continuidad, cooperación, inversión mantenida y la posibilidad de que un gobierno financie medidas cuyos beneficios serán atribuidos a otro muchos años después.
El problema climático se une así a uno de los grandes problemas institucionales de España: nuestra dificultad para sostener políticas de Estado más allá de una legislatura.
Las inundaciones comienzan antes de que llueva
Cuando una avenida destruye un municipio, el fenómeno meteorológico es solo una parte de la explicación. Las consecuencias también dependen de dónde se ha construido, de cuánto terreno se ha impermeabilizado, de la ocupación de ramblas y llanuras inundables, del estado de los cauces, de la capacidad de drenaje, de la localización de las infraestructuras críticas y de la rapidez con la que se alerta a la población.
Las lluvias extremas que afectaron a Valencia en octubre de 2024 provocaron inundaciones súbitas y causaron más de doscientas muertes. Europa vivió aquel año las inundaciones más extendidas desde 2013 y el 12 % de su red fluvial superó el umbral considerado de inundación grave.
Ninguna infraestructura puede eliminar completamente el riesgo ante episodios excepcionales. Pero entre eliminar el riesgo y reducir el daño existe una enorme diferencia. Mapas de inundabilidad actualizados, alertas móviles claras, protocolos de evacuación conocidos, drenajes urbanos dimensionados, restauración de llanuras de inundación, protección de hospitales y centros eléctricos, depósitos de tormenta y limitaciones urbanísticas efectivas pueden salvar vidas.
No basta con elaborar mapas si después se permite construir ignorándolos. No basta con disponer de sistemas de alerta si no existen protocolos claros para activarlos. No basta con declarar una emergencia si la ciudadanía desconoce qué debe hacer durante los primeros minutos.
La adaptación climática no consiste únicamente en disponer de más recursos cuando llega la catástrofe. Consiste en diseñar ciudades, infraestructuras y servicios públicos partiendo de que esa catástrofe puede llegar.
España tiene planes; lo que necesita demostrar es su ejecución
Sería falso afirmar que España no ha hecho nada. Existe un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para 2021-2030 y el nuevo programa de trabajo para 2026-2030 incluye 176 medidas relativas al agua, la salud, las inundaciones, la agricultura, la biodiversidad, las costas, la energía y la planificación urbana. También plantea nuevos servicios climáticos, refugios frente al calor y actuaciones sobre infraestructuras estratégicas.
La cuestión ya no es solamente cuántos planes se anuncian, sino qué porcentaje se ejecuta, con qué presupuesto, dentro de qué plazo, bajo qué responsabilidad y con qué resultados. España necesita saber cuántas hectáreas han sido gestionadas realmente, cuántas viviendas continúan en zonas de alto riesgo, qué infraestructuras críticas siguen sin adaptar, cuánto se ha reducido el tiempo de alerta, qué municipios carecen de planes actualizados y qué medidas permanecen detenidas entre administraciones.
La falta de honestidad comienza cuando una estrategia se presenta como una solución antes de haber demostrado sus efectos. También cuando una catástrofe se utiliza exclusivamente para atacar al adversario, ocultar errores propios o anunciar medidas que desaparecen cuando termina la atención pública.
La transparencia climática debe significar algo más que publicar documentos. Debe permitir que cualquier ciudadano conozca la situación real de su territorio, el nivel de riesgo existente, los trabajos realizados, los compromisos pendientes y la ejecución presupuestaria. Proteger el país exige reconocer los aciertos, pero también los retrasos, las carencias y las decisiones equivocadas.
Una política de Estado para la resiliencia territorial
GEN21 propone la creación de un Sistema Nacional de Resiliencia Territorial capaz de integrar prevención forestal, adaptación hídrica, planificación urbana, protección de infraestructuras y respuesta ante emergencias dentro de una estrategia común a veinte años.
No se trataría de crear otra estructura burocrática situada por encima de las existentes, sino de conectar capacidades que hoy se encuentran repartidas entre ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, confederaciones hidrográficas, servicios meteorológicos, protección civil y organismos forestales.
El sistema debería disponer de una plataforma pública de datos territoriales que conectase información meteorológica, hidrológica, forestal, urbana, agrícola y demográfica. España cuenta con satélites, sensores, cartografía, modelos predictivos y capacidad tecnológica suficiente para anticipar riesgos con una precisión cada vez mayor. El problema no es solo generar información, sino transformarla en decisiones compartidas y comprensibles.
La gestión forestal tendría que convertirse en una actividad permanente, profesional y desarrollada durante todo el año. Recuperar el territorio rural no puede depender exclusivamente de subvenciones aisladas. Debe integrarse en una economía que remunere la prevención, la ganadería extensiva, la silvicultura, la restauración ambiental, la conservación del suelo y el aprovechamiento sostenible de la biomasa.
La planificación urbanística tendría que incorporar el riesgo climático como una condición real y no como un anexo administrativo. No deberían autorizarse nuevas actuaciones incompatibles con los mapas de inundabilidad, y las construcciones e infraestructuras ya existentes en zonas vulnerables necesitarían planes progresivos de adaptación, protección o, en los casos más graves, reubicación.
Cada gran catástrofe debería dar lugar a una auditoría técnica independiente. No para sustituir la responsabilidad judicial ni para alimentar el enfrentamiento partidista, sino para establecer qué ocurrió, qué protocolos fallaron, qué decisiones funcionaron y qué debe modificarse antes del siguiente episodio. Los resultados tendrían que ser públicos y traducirse en plazos verificables.
Finalmente, la ciudadanía necesita formación. Saber cómo actuar ante una inundación, un incendio, una ola de calor o una evacuación no puede depender de haber vivido previamente una tragedia. La educación ante emergencias debería incorporarse a escuelas, centros de trabajo, administraciones locales y sistemas de comunicación pública.
Prevenir también es proteger la economía
La adaptación climática no es un lujo ambiental ni una cuestión reservada a una determinada sensibilidad política. Es una política económica, territorial y de seguridad.
Los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos provocaron pérdidas estimadas en 822.000 millones de euros en la Unión Europea entre 1980 y 2024. Las inundaciones representaron el 47 % y las tormentas alrededor del 27 %. Además, el coste medio anual pasó de unos 8.600 millones durante la década de 1980 a casi 45.000 millones entre 2020 y 2024.
Cada monte destruido, cada explotación agrícola perdida, cada vivienda inundada y cada infraestructura paralizada tiene un coste humano irreparable y un coste económico que acaba asumiendo el conjunto de la sociedad. La prevención protege vidas, pero también protege empleo, turismo, patrimonio, agricultura, industria, redes energéticas, seguros y recursos públicos.
Europa reconoce ya 36 grandes riesgos climáticos que amenazan la salud, los ecosistemas, la seguridad alimentaria y energética, las infraestructuras, el agua y la estabilidad financiera. Muchos han alcanzado niveles críticos y pueden adquirir consecuencias catastróficas sin una acción urgente. El sur de Europa se encuentra especialmente expuesto al calor, la escasez de agua y los incendios.
España ocupa una de las primeras líneas de esa transformación. No puede seguir comportándose como si cada verano fuese una anomalía y cada desastre una sorpresa.
Un territorio no se protege durante una emergencia
España no puede impedir por sí sola la evolución del clima mundial, pero sí puede decidir cuánto daño permitirá que esa transformación cause dentro de sus fronteras. Disponemos de conocimiento científico, profesionales cualificados, tecnología, experiencia operativa y recursos suficientes para reducir una parte considerable del riesgo.
Lo que falta es convertir la protección del territorio en una responsabilidad nacional permanente, capaz de mantenerse por encima de legislaturas, competencias y enfrentamientos partidistas. Falta evaluar la ejecución con la misma intensidad con la que se anuncian los planes. Falta reconocer que la prevención no puede comenzar cuando aparece el humo ni terminar cuando desaparecen las cámaras.
El cambio climático no es únicamente un problema ambiental. Es una prueba de capacidad institucional, honestidad pública y responsabilidad intergeneracional.
Cada hectárea que se gestiona antes del incendio, cada cauce que se restaura antes de la inundación, cada infraestructura que se adapta antes de fallar y cada ciudadano que recibe una alerta a tiempo representan una forma concreta de protección pública.
El territorio no puede seguir esperando al próximo verano. España tampoco debería hacerlo.